*Se mantiene constante capacitación a operadores del sistema en coordinación con organismos internacionales como USAID
Como parte de las diez acciones que se implementan para la consolidación del sistema de justicia penal a nivel nacional, Baja California Sur presenta avances significativos en esta materia, informó el secretario general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo.
De la Peña Angulo señaló que, entre los avances destaca la profesionalización constante que se imparte al personal y usuarios de este sistema, siendo capacitados en lo que va del año un total de mil 146 personas, principalmente operadores, jueces, ministerios públicos, policía procesal y defensoría pública, a fin de contar con servidores profesionales en beneficio de la ciudadanía.
“Le estamos apostando al recurso más importante que es sin duda alguna, el humano, ya que son, quienes atienden de primera mano al ciudadano que fue víctima de algún delito, por ello, se invierte en su profesionalización, para tener un sistema de justicia penal de calidad y acorde a las necesidades que demanda la sociedad”, expresó el Secretario General de Gobierno.
Asimismo, se fortalecieron áreas vitales para el buen funcionamiento del sistema, como lo son la Unidad de Medidas Cautelares, la Policía Procesal, la figura de asesores jurídicos de víctimas y el diseño de indicadores que evalúen la operatividad de las instituciones.
De igual manera, indicó, se crearon la Comisión de Ejecución Penal y la Subcomisión de Justicia para Adolescentes y se elaboró un plan de trabajo interinstitucional, dando cumplimiento a un mandato constitucional local, en este renglón.
También, dijo, se trabaja con los Poderes del Estado, representantes académicos y colegios de profesionistas, para reforzar el marco jurídico en la materia, a través de propuestas de reformas al artículo 19 constitucional y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer una justicia más efectiva, agregó.
“Vamos por un sistema de justicia penal sólido, apegado a la realidad, para que la impartición de justicia sea un hecho, al tiempo de brindar certeza jurídica tanto a la víctima como a quienes intervienen en el proceso penal”, puntualizó Álvaro De la Peña.