• Fue reformada la Ley de Obras estatal para crear la figura del observatorio ciudadano con participación de la iniciativa privada, academia y sociedad civil

Para frenar casos de corrupción en los procedimientos de obra pública en el estado, el congreso de Baja California Sur aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado y Municipios, mediante la cual se instituye el observatorio ciudadano, figura que tendrá la participación de cámaras empresariales, academia, colegios de profesionistas y sociedad civil para revisar, proponer y dar seguimiento a las obras que ejecutan los gobiernos. 

En el desahogo de la sesión de este jueves la iniciativa propuesta por la diputada Milena Quiroga Romero fue aprobada por unanimidad tras la dispensa del trámite parlamentario solicitado por las comisiones dictaminadoras de asuntos fiscales y administrativos y de transparencia y anticorrupción. 

La iniciadora expuso que estas adecuaciones a la ley garantizan la participación ciudadana al servicio público, que abren la posibilidad a la sociedad civil a que participe y sea testigo de que las obras públicas se hagan con calidad y con los procedimientos adecuados.

El observatorio Ciudadano, se integrará por un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado (CMIC), del Colegio de Ingenieros en el Estado, del Colegio de Arquitectos en el Estado, del Colegio de Peritos Valuadores del Estado, un académico designado por el departamento de Ciencias de la tierra del Instituto Tecnológico de La Paz; de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y tres representantes, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y sus participaciones serán honorificas por lo que no recibirán retribución económica, según el artículo 103 de la referida ley.

 La finalidad de la iniciativa es evitar casos de corrupción que se han presentado en la obra pública a nivel federal y local, la cual ha rebasado los colores de los partidos políticos y niveles de gobierno, pues en todo el país se han construido obras deficientes o no se han terminado de construir, a pesar de la asignación de recursos públicos para su ejecución y actos en los que han participado servidores públicos y particulares.

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