El proyecto de la nueva desalinizadora para el puerto de Cabo San Lucas, más
allá de ser una bandera política, es una gran necesidad que vendría a beneficiar a
miles de sanluqueños al acceder al vital líquido. Un proyecto que se ha venido
trabajando desde administraciones pasadas y que podría hacerse realidad en los
próximos años si se inicia inmediatamente.
La alcaldesa Armida Castro Guzmán ha sido una gran impulsora de dicho
proyecto cumpliendo de manera puntual con los trámites institucionales ante el
cabildo municipal y la junta de gobierno del organismo operador del agua potable
del municipio de Los Cabos. Solo resta un pequeño detalle para que avance el
tema de la desaladora y es que se tengan listas las bases para la licitación de la
obra publicadas y sobre todo que sea antes del 30 septiembre, fecha en la que
vence la prórroga del Fondo Nacional de Infraestructura, de lo contrario el
proyecto corre el riesgo de ser cancelado.
Aquí vale la pena hacer un apunte, tanto las autoridades municipales, estatales y
federales en todo momento se han pronunciado en diferentes foros a favor de la
construcción de una planta desaladora y han trabajado de manera conjunta
para logarlo ya que sería una obra de gran impacto social ante el acelerado
crecimiento poblacional y con ello la demanda de agua en la zona de Cabo San
Lucas.
Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Manos a la obra!
Pues no. También es necesario precisar, apuntar y subrayar que el proyecto se
encuentra entrampado nada más y nada menos que por el congreso del estado
que vive en su interior conflictos políticos que ahora se dirimen en el terreno de lo
legal.
Los diputados de morena y sus aliados sin partido y del PT mantienen en la
ilegalidad el trabajo legislativo pese a que jueces federales y la Suprema Corte
de la Justicia de la Nación se han pronunciado y han pedido a los integrantes del
congreso reestablecer a determinada fecha sus sesiones e incluso restituir a
diputados que fueron sancionados por un juicio político a todas luces ilegal ya que
gozaban del amparo federal. Situación que los diputados de morena han hecho
oídos sordos poniendo en riesgo el proyecto de la desaladora para el municipio
de Los Cabos.
De tal suerte que de no concretarse ese ansiado proyecto o cualquier otro será
responsabilidad de los diputados de la actual legislatura, específicamente los de la
fracción parlamentaria de morena y sus aliados sin partido y del PT. Ellos y solo
ellos tendrán que enfrentar el juicio ciudadano de abandonar la premisa de

cumplir y hacer cumplir las leyes; De no actuar apegados a legalidad, aferrados
por caprichos políticos e intereses personales por encima del bien común.
Armida Castro, como autoridad municipal, no ha bajado la guardia. Ha hecho lo
que le corresponde para que el proyecto de la nueva desaladora de Cabo San
Lucas pueda hacerse realidad y solo espera la publicación del decreto en el
boletín oficial. Por su parte, el ejecutivo estatal ha hecho diversos llamados a que
los integrantes del congreso actúen con legalidad, ya que no se puede ni se debe
solapar actos ilegales de los cuales ya se ha pronunciado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Solo resta esperar que se actúe en apego al estado de derecho, que se pondere el
beneficio colectivo por encima de los intereses políticos personales y que pueda
avanzar el proyecto de la desaladora. Como se dice en el argot futbolero, la
pelota está en la cancha del congreso y es una bola caliente. Ya veremos qué
sucede, es mi opinión, al tiempo…
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