Para evitar abusos en perjuicio de la ciudadanía, es necesario que el municipio concentre la prestación de servicios y los cobros de los mismos puntualizó la diputada Maricela Pineda García, al presentar en sesión ordinaria, Iniciativa con Proyecto de Decreto que especifica las facultades tanto de las subdelegaciones como el municipio.

La legisladora del PRD sostuvo que en la actualidad existen diversas localidades, que dada nuestra geografía estatal, se han acostumbrado a que las autoridades que tienen la envestidura de Subdelegados y Delegados Municipales, toman decisiones apelando a su representación, en razón de implicar en casos erogaciones o costos para la ciudadanía, concretamente el servicio de recolección de basura.

Citó como ejemplo el caso de los habitantes de la comunidad de La Bocana, Baja California Sur, manifestaron su descontento y desaprobación a mediados del año pasado por la decisión tomada por parte del Subdelegado de establecer una aportación por la recolección de basura, justificando dicha medida con la urgente necesidad de comprar llantas nuevas para la unidad recolectora de basura y para el mantenimiento de la misma, situación que causó gran indignación entre los habitantes, puesto que al no realizar la aportación, les era negado el servicio de recolección de basura.

En ese contexto, acotó que esta situación se traduce en una falta grave, violatoria y contradictora a lo establecido en la Constitución Federal y Local, por lo que como autoridades encargadas de legislar y velar por los intereses de todas y todos los Sudcalifornianos”.

“No debemos permitir que sigan ocurriendo esta tipo de situaciones que atentan contra la ciudadanía, y por ende trasgrediendo el espíritu que le corresponde a la autoridad municipal en la prestación de los servicios públicos, siendo en este caso con gratuidad a los habitantes de todas las regiones de nuestra geografía estatal.

Su propuesta (que se asignó a las Comisiones de Puntos Fiscales y Administrativos, así como la de Asuntos Comerciales y Turísticos), implica reformar la fracción II del artículo 91 a la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, recorriéndose los subsecuentes y se adiciona la fracción VIII al mismo.

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