Por una unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  resolvió este miércoles 13 de enero de 2021, los recursos de queja 1/2020-CC, 2/2020-CC y 3/2020-CC, que se derivaron de los Incidentes de Suspensión de las Controversias Constitucionales 63/2020, 64/2020  y  84/2020, informaron los Diputado del Bloque PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA en el Congreso del Estado.

Dentro de lo más relevante, la Segunda Sala determinó procedente la queja 03/2020 interpuesta por el Gobernador Carlos Mendoza Davis por violación a la suspensión decretada  el 29 de mayo de 2020 por el Ministro Alberto Pérez Dayán  en la Controversia Constitucional 84/2020, que ordenaba al Congreso del Estado  retomar su legalidad  y cumpliera con el desahogo de la sesión del 17 de marzo de 2020 por la Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidente de la Mesa Directiva.  Mandato que no fue acatado por los diputados de MORENA-PT, tal y como lo índico el máximo tribunal constitucional.

En la resolución de este día miércoles 13 de enero, la segunda sala ordenó al Congreso del Estado dejar insubsistentes los actos que se  llevaron a cabo  desde el dictado de la primera suspensión de la controversia constitucional, quedando sin efectos jurídicos, prácticamente todo lo actuado en materia legislativa, desde el 17 de  marzo de 2020  al mes de enero de 2021. Quedando también insubsistentes  los  actos de autoridad interna y externa realizados por diputados de MORENA-PT sin competencia para realizarlos. Por lo que, la sesión del 17 de marzo de 2020, deberá ser convocada y desahogada por la Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés quien fungía en ese momento como Presidenta de la Mesa Directiva.

Por otro lado, la Segunda Sala declaro improcedentes las quejas 1/2020 y 2/2020 iniciadas por los Diputados y Diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional y PT en contra del Poder Ejecutivo, en las que pedían que el Gobernado les publicara la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y que además les depositara el presupuesto del Congreso del Estado en una cuenta bancaria que sería manejadas por ese grupo legislativo.

En principio, la SCJN les niega el control financiero del Congreso del Estado a los  Diputados de MORENA-PT, al declarar improcedente que el Gobernador deposite los recursos de Congreso en cuenta de Bancomer aperturada en el mes de abril de 2020, la cual pretendían manejar y ejercer a través de un director de finanzas  y  de un titular de comisión de  cuenta y administración que no habían sido electos conforme a la ley. Se comprobó que diputados mintieron, pues el Poder Ejecutivo nunca dejo de depositar los recursos al Poder Legislativo, como lo acredito ente la SCJN.

La Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia también determino infundada  la pretensión  de que el Gobernador del Estado publicará la mal llamada Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada por Diputados de MORENA-PT y otros diputados suplentes que fueron llamados ilegalmente a sesionar.

Con esta determinación se ratifica que la única ley vigente es la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur publicada mediante decreto número 786 de fecha 10 de diciembre de 1990;  y que es legal el reconocimiento de las fracciones del PES y PAN y su acceso a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

También se ratifica que el Diputado Rigoberto Murillo Aguilar, siempre ha sido y  sigue siendo el Presidente de la Comisión de Cuenta  y Administración,  y que la integración de Comisiones que hizo MORENA-PT en el período que los diputados de oposición estuvieron suspendidos, es ilegal.  

Siendo también ilegal que el Diputado Humberto Arce Cordero se siga ostentando como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sin fundamento en la ley, y utilizando las oficinas de dicho cuerpo colegiado.

Con el dictado de estas resoluciones, quedaron disueltas nuevamente, la actual Diputación Permanente  y  la Mesa Directiva que MORENA-PT había elegido para fungir en el periodo de marzo a julio de 2021.

Finalmente los Diputados del PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA afirman que con estos resolutivos emitidos por el máximo tribunal de justicia en nuestro país, se acredita que la parálisis legislativa fue ocasionada por los diputados de MORENA-PT al violentar el marco constitucional y legal que regula el  proceso legislativo, puesto que una mayoría numérica no puede estar por encima de  las leyes.

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