Los cambios presentados a nuestra Carta Magna, relativas al Poder Judicial de la
Federación (PJF), abonarán a su fortalecimiento en materia de derechos humanos,
ya que en el sexenio anterior se ignoró esta demanda ciudadana, aseveró la
diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Ana Ruth
García Grande.
En la sesión ordinaria, durante la declaratoria de reforma constitucional a la minuta
con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución, relativas al PJF, la legisladora sudcaliforniana, a nombre de la
bancada petista, expresó su respaldo y destacó que las nuevas normativas
permitirán la materialización de la defensa de las garantías individuales de la
población.
Detalló que se podrá desterrar el nepotismo y el tráfico de influencias en su interior
y, al mismo tiempo, se estimulará la carrera judicial de sus miembros para que a
través de la capacitación y el concurso puedan acceder a las plazas que se
encuentren vacantes en dicho poder, lo que garantizará más calidad en la
administración de justicia.
De la misma forma, agregó, se robustecerá la defensoría pública, como órgano
garante y eficaz de la defensa de todos aquellos que se encuentren sujetos a la
justicia y no cuenten con los recursos para un abogado particular y se impulsará la
paridad de géneros para la asignación de jueces de distrito, misma que no había
sido considerada.
Insistió que no obstante el gran avance que se ha dado en la materia aún quedan
asignaturas pendientes para abonar en la fortificación de la justicia en nuestro país,
como ejemplo está el duro golpe asestado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra de los jubilados, al decidir que se pagarán las pensiones por medio
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salario mínimo.
“Es evidente que la declaratoria de constitucionalidad de los artículos relativos al
Poder Judicial Federal sí le da un avance a nuestro país, en cuanto que fortalece
cuestiones que se encontraban sin una regulación actualizada o armonizada y no
se debe olvidar que una eficiente administración de justicia también es un rasgo
distintivo de un estado democrático; sin embargo, hay muchos temas que se
encuentran pendientes y no podemos echar las campanas al vuelo hasta en tanto
no haya un tratamiento de justicia”, sostuvo la parlamentaria.
Finalmente, reiteró la vigilancia por parte del GPPT en el desarrollo que se dé en
leyes secundarias y exhortó a las y los legisladores para dar voz a la sociedad en
los temas que demanda para darles una solución a su favor.

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