En días recientes ha estado en la palestra pública el tendedero del Grupo de Facebook Asamblea Feminista de Baja California Sur y la subsecuente aparición del supuesto grupo de la defensa del hombre en BCS. Esto ha desatado una polémica por la supuesta exposición de los hombres y el riesgo que corren sus familias.

Sin embargo, se está perdiendo el foco de la discusión. Lo verdaderamente importante de esta discusión es la evidencia manifiesta de una cantidad considerable de casos de acoso y abuso sexual en BCS y las falencias que tiene el sistema para llevar a cabo una atención efectiva contra este tipo de casos.

Las mujeres víctimas de estos delitos muchas veces se acercan a las autoridades y estas, en lugar de contribuir a la justicia, revictimizan y las hacen sentir culpables frente a lo ocurrido. Creo que esto es ya síntoma de la sociedad, porque del mismo modo son tratadas por ciudadanos del común, que ven en la mujer a la culpable de lo que sucede.

Pero vayamos a los hechos. Muchos hombres se quejan que los están exponiendo y que se está cometiendo un delito de difamación. Sin embargo, estos ya no se encuentran contemplados en el Código Penal Federal. Por otro lado, la exposición es la única herramienta con que cuentan las mujeres cuando la sociedad y el sistema judicial les da la espalda.

A los hombres les preocupa mucho su reputación, pero cuando se trata de exponer a las mujeres con fotos íntimas parecen no sonrojarse. Cuando se trata de acosarlas en cualquier espacio parece que no es inadecuado. Cuando son rechazados e inventan comentarios para desacreditarlas ante amigos y familiares, es completamente “justo”. Cuando ejercen todo tipo de violencia es algo que “debe hacerse” porque la mujer les pertenece.

Hay un serio problema de valores en este sentido. De valor en el sentido ético, porque es claro el perjuicio moral que hay detrás de estos abusos. De valor en el sentido más humano, porque hay que tener pocos huevos para asumir los actos propios y luego quejarse cuando se sufren las consecuencias. En suma, la conclusión es clara: el tendedero es legítimo a nivel ético y judicial, no hay nada que impida su continuidad.

En cuanto a las supuestas denuncias de extorsión, hay que hacer el mismo comentario que tantas veces se ha escuchado cuando una mujer denuncia: ¿Dónde estás las pruebas? Porque un pantallazo no es una prueba. Cualquier persona puede editar una imagen a su antojo.

La recomendación es: hacer un video mientras se accede al chat y demostrar que efectivamente los mensajes de extorsión provienen de la página oficial de la Asamblea Feminista de Baja California Sur.

En todo caso, quien se considere afectado, que acuda de inmediato ante las autoridades y denuncie. Pero es claro que sus pruebas son falsas y no tienen el más mínimo sustento. Sería bueno y debate, pero no en torno al grupo sino en torno a cómo podemos cambiar esta situación de violencia, abuso y acoso de género.

Jennifer Puello

Darío Viana