Recibe Congreso del Estado iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Baja California Sur

•Fue presentada por el ciudadano sudcaliforniano Melchor Soto Torres.

•La iniciativa ciudadano fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, y de Seguridad Pública para su análisis y dictamen.


La XVI Legislatura del Congreso del Estado recibió iniciativa con proyecto de decreto en materia de desaparición forzada y cometida presentada por el ciudadano sudcaliforniano Melchor Soto Torres, quien hizo uso de la tribuna estatal para que las y los diputados legislen en la materia y con ello las autoridades correspondientes ejecuten los decretos para garantizar los objetivos establecidos en el Artículo 2 de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Baja California Sur.


En su exposición de motivos, el ciudadano Soto Torres argumentó que, a más de dos años de vigencia de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Baja California Sur y a casi de tres años del último Decreto que reforma la Ley de Atención de Víctimas para Baja California Sur las autoridades responsables no han implementado mandamientos explícitos en el marco jurídico de ambas leyes vinculantes por naturaleza, de ellos; La Instalación del Mecanismo Estatal de Coordinación, La Comisión Estatal Integral de Atención a Víctimas en Baja California Sur, El Consejo Estatal Ciudadano y El Fondo Estatal de Desaparición.

Sesión ordinaria del 20 de Abril en la cual se presentó la iniciativa ciudadana propuesta por el C. Melchor Soto Torres y fue leida por la mesa Directiva.


Del mismo modo, subrayó el que en Baja California Sur no se hayan realizado reformas de fondo a favor de los derechos de las víctimas en los últimos cuatro decretos que han reformado la Ley de Atención a Víctimas en Baja California Sur, esto, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expidiera el pasado 18 de febrero 2022 el decreto por el que se reformaron los artículos 166, 168 y 170 que atienden la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos de las víctimas.