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Piden de seis a 12 años de cárcel para magistrados electorales de BCS!!! Violaron la ley!!! Se demuestra que cometieron grave error!!!

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Análisis del caso

En un hecho inédito en la historia política reciente de Baja California Sur, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral fueron denunciados por la vía penal por el ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos.

La denuncia, fue radicada en el expediente LPZ/4884/2022/NUC contra Juan Manuel Holzkan, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz y Sara Flores de la Peña. El que activó el expediente es el licenciado Juan Carlos Méndez Ramírez, presidente de Medios Digitales del Pacífico.

De acuerdo al denunciante, los integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, han cometido una grave irregularidad que debe ser castigada con todo el peso de la ley, debido a que se pusieron de acuerdo para la designación del joven de nacionalidad argentina Juan Manuel Holzkan como magistrado sin reunir los requisitos para tan delicada responsabilidad.

La Ley Estatal Electoral en su artículo 43 establece que para ser magistrado, se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, lo que en el caso del aludido claramente se expone que no nació en nuestro país.

Además, la misma ley indica que debe tener como mínimo 35 años cumplidos el día de su designación como magistrado, lo que en este caso tampoco es correcto, ya que el joven Holzkan tiene 30.

Otro de los preceptos que se han violado es que el funcionario de nacionalidad argentina debe tener una antigüedad mínima ejerciendo la profesión de licenciado en derecho a partir de la expedición de su cédula profesional, y en este caso el aludido tiene su cédula desde 2014.

Juan Carlos Méndez Ramírez especifica que se violan los tres preceptos de la Ley Estatal Electoral vigente, en lo que estuvieron de acuerdo los otros dos magistrados para cometer una irregularidad de tal naturaleza, lo que debe ser sancionado a la brevedad posible y desde luego, corregido, ya que además Juan Manuel Holzkan viene firmando toda la documentación como «MAGISTRADO», cuando en una acción de humildad y de recato, debió firmar como «Magistrado en funciones por ministerio de ley».

Menciona el denunciante que el ostentarse como magistrado no los faculta para violar la ley, mucho menos para comparecer ante una autoridad como la Procuraduría de Justicia. Los delitos de los que se les acusan, contemplan penalidades que van de seis a 12 años de prisión.

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