•  Llamó a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de la niñez del Congreso de la Unión para que revisen a fondo dicha iniciativa de simplificación administrativa, con perspectiva de derechos, anteponiendo el cumplimiento de los compromisos a favor de la niñez y adolescencia

 

La diputada María Luisa Ojeda González (PRD) reprobó la iniciativa presidencial  que prevé desaparecer, fusionar o readscribir a 18 organismos desconcentrados de la administración pública federal, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la cual plantea trasladar sus funciones de un organismo desconcentrado a una unidad administrativa del Sistema DIF Nacional, y de ser así, modificarse en cada uno de los Estados, considerándolo en agravio de la población de menores de edad.

 

La representante del PRD afirmó en la tribuna legislativa que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y Diputadas, es un desmantelamiento y un retroceso, “es quitarle autonomía y regresar a la niñez y adolescencia donde siempre se había ubicado, bajo un Sistema DIF que visibilizó a este sector como sujetos de protección y no como sujetos de derechos”.

 

Ojeda González se pronunció por que el Poder Legislativo haga contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo, que legisle con pleno conocimiento de los asuntos que son turnados para su análisis, revisión y dictaminación. “No queremos un Congreso que violente los procedimientos legislativos y apruebe en “fast track” la agenda presidencial como ocurrió el sábado 29 de abril, donde fueron aprobados 20 dictámenes por la bancada de Morena y sus partidos aliados”.

 

Llamó a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de la niñez del Congreso de la Unión para que revisen a fondo dicha iniciativa de simplificación administrativa, con perspectiva de derechos, anteponiendo el cumplimiento de los compromisos a favor de la niñez y adolescencia”, pues sentenció que proteger y garantizar los derechos la niñez de México y de Baja California Sur, debe ser una prioridad para todas y todos, pero mayormente para legisladores y legisladoras quienes tienen la responsabilidad legislativa de fortalecer y brindar mayor calidad de vida.