La Paz, BCS | 12 de junio de 2025 — Con el objetivo de visibilizar y sancionar la violencia en el noviazgo, la diputada Karina Olivas Parra, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur la iniciativa conocida como “Ley Melanie”, que busca reformar el Código Penal local para tipificar este tipo de violencia como una forma equiparada de violencia familiar.
Durante su participación en tribuna, Olivas Parra subrayó que la violencia de género durante el noviazgo es un problema real y persistente que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes, pero que puede presentarse en cualquier etapa de la vida. “Es una realidad que no podemos dejar pasar. Tenemos la obligación de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla con todas las herramientas a nuestro alcance”, señaló.
La propuesta de la legisladora plantea modificar el artículo 202 del Código Penal estatal para incluir expresamente los actos violentos cometidos por personas que mantengan o hayan mantenido una relación de noviazgo, así como ex cónyuges, ex concubinos, o quienes tengan bajo su custodia o protección a la víctima. En todos los casos, el delito se perseguirá por querella.
La iniciativa toma su nombre del caso de Melanie N, una joven que el pasado 31 de octubre fue brutalmente golpeada por un joven identificado como Christian durante una fiesta de Halloween. La agresión le provocó graves fracturas en el rostro y estuvo a punto de perder un ojo, hecho que desató indignación social y exigencias de justicia.
Olivas Parra recordó que, a nivel federal, en noviembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó la inclusión del noviazgo como un ámbito donde también puede ejercerse violencia familiar, al reformar el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Baja California Sur ya contempla esta disposición en la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero aún no en su Código Penal.
Actualmente, la sanción para este tipo de delito —ya considerado como violencia familiar— contempla penas de entre tres años seis meses y siete años seis meses de prisión, además de una multa de 100 a 400 días y la pérdida de derechos respecto a la víctima.
Con esta iniciativa, la diputada busca dar un paso más hacia la protección integral de las mujeres, ampliando el marco legal para garantizar que las relaciones afectivas no sean espacios de impunidad ante la violencia.
