Ciudad de México. – El diputado Sergio Guluarte Ceseña, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Congreso de Baja California Sur, participó en el Primer Encuentro Nacional con presidentas y presidentes de las Comisiones del Trabajo de los congresos locales, convocado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que encabeza la legisladora Maiella Gómez Maldonado.
Durante su intervención, el congresista sudcaliforniano destacó los avances alcanzados en México en materia laboral de septiembre de 2024 a la fecha, subrayando reformas de gran relevancia encaminadas a dignificar el trabajo, proteger la salud y garantizar la igualdad de derechos.
Entre los logros legislativos, mencionó la reforma de igualdad salarial, publicada en diciembre de 2024, que refuerza el principio de “a trabajo igual, salario igual” y obliga al Estado a combatir la brecha salarial de género, en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos y laborales.
Otro punto relevante fue la reforma al INFONAVIT, vigente desde febrero de 2025, que amplió las alternativas para que las y los trabajadores decidan el destino de sus ahorros de vivienda, con la posibilidad de utilizarlos para adquirir, construir, mejorar o liquidar créditos hipotecarios.
Guluarte Ceseña también destacó la entrada en vigor de la Ley Silla en junio de 2025, normativa que obliga a los empleadores a proporcionar sillas adecuadas en los centros de trabajo, medida orientada a cuidar la salud y dignidad de las y los empleados.
Asimismo, resaltó la regulación del trabajo en plataformas digitales, que por primera vez reconoce derechos laborales a repartidores, conductores y prestadores de servicios mediante aplicaciones, garantizando acceso a seguridad social, prestaciones e ingresos justos.
El legislador enfatizó que estas reformas no representan únicamente cambios en la ley, sino avances sustanciales hacia un modelo laboral centrado en la persona trabajadora, por lo que consideró indispensable vigilar su correcta implementación y fortalecer los mecanismos de supervisión para que los derechos se conviertan en una realidad efectiva.
