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Congreso de Baja California Sur aprueba la “Ley Santos” para sancionar penalmente ataques de animales y responsabilizar a sus dueños



La Paz, B.C.S.– El Congreso del Estado aprobó este jueves la llamada “Ley Santos”, una reforma que incorpora al Código Penal de Baja California Sur los delitos de lesiones y homicidio por ataque animal, estableciendo nuevas obligaciones y sanciones para propietarios y poseedores de animales que causen daño a terceros.

La legislación establece que, cuando un animal bajo cuidado de una persona provoque lesiones —desde heridas menores hasta hechos que deriven en la muerte—, el responsable deberá reparar los daños y enfrentar consecuencias penales, particularmente cuando exista omisión, negligencia o falta de control sobre el animal.

El dictamen fue impulsado por los diputados Venustiano Pérez Sánchez y Erick Iván Agúndez Cervantes, cuyas iniciativas fueron analizadas por las Comisiones Permanentes Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Ecología y Medio Ambiente.

La propuesta del diputado Pérez Sánchez plantea adicionar el artículo 141 Bis al capítulo de “Lesiones” dentro del título “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, mientras que la iniciativa de Agúndez Cervantes propone incorporar los artículos 134 Bis y 139 Bis al mismo ordenamiento.

Ambos proyectos coinciden en la necesidad de cerrar vacíos legales que actualmente limitan la aplicación de sanciones cuando ocurre un ataque animal, ya que la vía civil no siempre garantiza una reparación del daño oportuna ni un castigo proporcional para los dueños o poseedores.

Los legisladores advirtieron que un animal puede ocasionar desde lesiones que sanan en menos de quince días hasta agresiones fatales, por lo que la reforma busca proteger a la ciudadanía y fomentar una tenencia responsable, asignando responsabilidad penal a quienes tengan bajo su custodia a un animal que provoque daños o incluso cause la muerte de una persona.

Con la aprobación de la “Ley Santos”, Baja California Sur avanza hacia un marco jurídico más estricto y claro en materia de responsabilidad por ataques animales, priorizando la seguridad pública y la justicia para las víctimas.

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