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Congreso de BCS exhorta a SHCP a transparentar liquidación de cartera de la FND y frenar embargos a productores



Por Erick León

La Paz, Baja California Sur.– El pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que informe sobre el estado que guardan los procesos de liquidación de cartera de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), así como los mecanismos de transferencia y administración de dichos recursos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La propuesta, impulsada por el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, plantea además que la SHCP, en coordinación con el INDEP, detenga prácticas de embargo que vulneren los derechos de pequeños productores en la entidad, así como garantizar la devolución inmediata de garantías a quienes ya han cumplido con sus obligaciones crediticias.

Asimismo, se solicita establecer mecanismos de conciliación accesibles, justos y con enfoque humano para las y los acreditados, con el objetivo de facilitar procesos de regularización efectivos y razonables.

El legislador explicó que este exhorto surge a partir de solicitudes de productores y acreditados del sector rural, quienes han manifestado incertidumbre sobre el destino de los recursos administrados por la FND, así como dificultades para acceder a información clara respecto a los procesos de liquidación y transferencia de cartera.

Detalló que esta problemática se deriva de la extinción de la FND en mayo de 2023, lo que ha generado rezagos administrativos, incertidumbre jurídica y afectaciones directas a familias sudcalifornianas, algunas de las cuales enfrentan procesos de embargo con criterios que consideran excesivos.

Finalmente, Del Castillo Miranda subrayó que el campo mexicano y sudcaliforniano requiere certeza jurídica y condiciones justas, al señalar que quienes trabajan la tierra y sostienen la economía rural deben contar con respaldo institucional y no enfrentar prácticas que vulneren sus derechos.

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