La Paz, Baja California Sur.– Con el objetivo de garantizar una defensa efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, con la finalidad de crear la Defensoría Pública Electoral.
La propuesta plantea que esta nueva instancia opere al interior del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, con autonomía técnica y operativa, ofreciendo de manera gratuita servicios de asesoría, orientación y defensa jurídica a ciudadanas y ciudadanos cuyos derechos político-electorales se encuentren en riesgo o hayan sido vulnerados.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que, si bien la normativa vigente contempla mecanismos de orientación en materia electoral, aún no existen lineamientos específicos que regulen la integración, atribuciones y funcionamiento de una defensoría especializada, lo que limita el acceso pleno a la justicia en este ámbito.
Olivas Parra subrayó que la iniciativa busca reducir las brechas en el acceso a la justicia electoral, especialmente para sectores en condición de vulnerabilidad. “Se trata de emparejar el piso y garantizar que ninguna persona enfrente sola un proceso electoral sin acompañamiento legal”, expresó.
Asimismo, destacó que la propuesta contempla una atención prioritaria a mujeres en contextos de paridad y violencia política de género, así como a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.
El planteamiento toma como referencia modelos implementados a nivel nacional, como la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de experiencias en entidades como Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo y Chihuahua.
Entre los aspectos clave de la iniciativa se incluye que la defensoría sea un órgano accesible para la atención, trámite y seguimiento de denuncias, quejas, recursos y juicios en materia electoral a nivel local. También se establece que, en el caso de comunidades indígenas que no hablen español, se garantice el acceso gratuito a intérpretes o traductores.
De igual forma, se proponen requisitos específicos para la designación de la persona titular y del personal defensor, priorizando experiencia en derecho electoral y derechos humanos, bajo principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, objetividad y máxima diligencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación.
Proponen crear Defensoría Pública Electoral en Baja California Sur para fortalecer acceso a la justicia
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