Por Erick León
La Paz, Baja California Sur.– Con el objetivo de combatir los fraudes cometidos mediante el uso indebido de programas sociales y plataformas digitales, la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal de Baja California Sur el delito de fraude en materia de programas sociales.
La propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen redes sociales, páginas falsas o imágenes institucionales para engañar a la ciudadanía simulando ofrecer apoyos gubernamentales, programas sociales o supuestas oportunidades de inversión.
Durante su exposición ante la XVII Legislatura, la legisladora señaló que en los últimos años han aumentado considerablemente los casos de personas afectadas por este tipo de engaños, especialmente a través de redes sociales y sitios digitales donde delincuentes utilizan logos oficiales y nombres de dependencias gubernamentales para aparentar legitimidad.
Karina Olivas explicó que muchas víctimas son inducidas a realizar pagos o proporcionar información personal bajo la promesa de acceder a programas federales, estatales o municipales.
Asimismo, advirtió sobre otras modalidades de fraude que también han cobrado numerosas víctimas, como falsas inversiones relacionadas con PEMEX, supuestos programas como el “Salario Rosa”, ofertas de empleo en el extranjero o venta de insumos básicos a bajo costo.
La iniciativa contempla adicionar el artículo 241 del Código Penal estatal para sancionar a quien, por sí o por interpósita persona, utilice plataformas digitales para simular la entrega, afiliación u otorgamiento de programas sociales con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos o acceder a datos sensibles de las víctimas.
La propuesta también contempla un incremento de hasta una tercera parte en las penas actualmente establecidas para el delito de fraude —que van de tres a diez años de prisión— cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o personas de escasos recursos.
Además, la reforma busca sancionar conductas relacionadas con el robo de identidad, vaciado de cuentas bancarias y comercialización ilegal de bases de datos personales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.
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