Categoría: CONGRESO

La Paz, Baja California Sur.– La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el fin de garantizar los derechos de lactancia conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta, impulsada por los diputados Sergio Guluarte Ceseña (presidente), Fernando Hoyos Aguilar y Venustiano Pérez Sánchez (secretarios), da cumplimiento a la sentencia emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con la resolución, el Congreso estatal debe restituir la vigencia de la norma que permite a las trabajadoras en etapa de lactancia elegir entre dos reposos extraordinarios de 30 minutos cada uno o un descanso de una hora diaria para amamantar o extraer leche, en espacios adecuados e higiénicos asignados por su institución.

La redacción modificada del artículo señala que:
“Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o realizar la extracción manual de leche, en un lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia”.

Además, la iniciativa incorpora ajustes para ampliar a tres meses las licencias de paternidad y adopción, con el objetivo de promover una verdadera corresponsabilidad parental y garantizar condiciones de igualdad de género, así como proteger el interés superior de la niñez.

El proyecto de decreto establece que las reformas entrarían en vigor el 1 de enero de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía del Gobierno de México la creación de una instancia especializada que impulse la comercialización internacional de productos pesqueros, particularmente langosta y abulón, ante la falta de apoyos federales para su exportación.

La propuesta fue presentada por el diputado Sergio Huerta Leggs, quien desde tribuna destacó la urgencia de respaldar a los pescadores de la Pacífico Norte y Bahía Magdalena, regiones que —dijo— enfrentan serias dificultades para colocar sus productos en mercados extranjeros.

El legislador de Morena señaló que los cooperativistas se han acercado al Congreso para pedir apoyo ante un problema directamente relacionado con la oferta y la demanda internacional.
“Nuestros pescadores requieren el apoyo solidario del Estado mexicano como lo tuvieron hace muchos años. Los tiempos son diferentes, pero en la mayoría de los países este sector primario recibe respaldo de sus gobiernos”, afirmó.

Huerta Leggs enfatizó la necesidad de que la Secretaría de Economía colabore con el sector pesquero sudcaliforniano para abrir nuevos mercados en los cinco continentes, certificar procesos, brindar asistencia técnica y diversificar los modelos comerciales de las cooperativas, adaptándolos a las dinámicas actuales del comercio global.

Durante el debate, la diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN) se pronunció a favor del exhorto, asegurando que los pescadores enfrentan severos problemas de comercialización debido a la ausencia de una instancia federal que brinde asesoría en exportación.
“Se trata de la soberanía alimentaria del país, la captación de divisas y la generación de empleos”, señaló. La legisladora consideró indispensable que el gobierno federal retome las buenas prácticas donde sí existía acompañamiento institucional para este sector productivo.

Con la aprobación del punto de acuerdo, el Congreso de Baja California Sur formaliza el llamado al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para que se establezca un mecanismo que fortalezca la comercialización de los productos pesqueros nacionales en los países con los que México mantiene relaciones comerciales.

• La propuesta busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las corporaciones policiales
El diputado Omar Torres Orozco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 102 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, con el objetivo de implementar y regular el uso de cámaras corporales (bodycams) en las instituciones de seguridad pública del Estado. 

La propuesta surge en un contexto nacional en el que la ciudadanía exige mayor transparencia, respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la confianza en las corporaciones policiales.  

Torres Orozco explicó que, la incorporación de cámaras corporales ha demostrado ser una herramienta eficaz para documentar actuaciones policiales, prevenir abusos, proteger a los agentes y generar evidencia útil para procesos administrativos y judiciales.
La iniciativa busca que el Estado avance en la adopción de tecnologías modernas que favorezcan la transparencia y la profesionalización policial y establece que una vez publicado el decreto, la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá de 90 días para emitir los lineamientos técnicos y operativos que regulen el uso de las bodycams en las corporaciones estatales. A su vez, los ayuntamientos tendrán un plazo igual para elaborar sus protocolos y reglamentos correspondientes, para asegurar una aplicación uniforme.

El legislador recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado acciones firmes para combatir la corrupción, mejorar la seguridad pública y fortalecer las garantías individuales de las y los ciudadanos. En este sentido, señaló que la utilización de cámaras corporales representa una herramienta clave para transparentar el actuar policial, prevenir abusos y garantizar que las intervenciones se realicen con estricto apego al Estado de derecho.

La Paz, Baja California Sur.– Con un llamado firme a proteger la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres, la diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California Sur y establecer el delito de violencia de género contra las mujeres.

La propuesta fue presentada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y plantea modificar la denominación del Capítulo Segundo del Título Vigésimo Sexto, así como reformar el artículo 390, con el objetivo de reconocer como delito:

agresiones,

amenazas,

maltrato,

daños,

y cualquier acto que busque limitar o anular los derechos de una mujer en su vida privada, laboral, comunitaria o en el ejercicio del servicio público.

Montoya explicó que la iniciativa surge de escuchar a las mujeres del estado:

> “Esta reforma nace de escuchar a las mujeres de nuestro estado, aquellas que enfrentan violencia en su casa, en su trabajo, en la calle o en espacios donde deberían sentirse seguras. Hoy les decimos con firmeza: no están solas”.

La diputada destacó que la propuesta armoniza la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cerrando vacíos legales que dificultaban sancionar conductas basadas en discriminación, desigualdad y opresión de género.

Asimismo, subrayó que esta reforma no solo protege a mujeres en política, sino a todas las mujeres: trabajadoras, estudiantes, profesionistas, madres, jóvenes y adultas mayores.

> “La violencia de género puede comenzar con palabras y terminar en tragedias. Con esta reforma, el Estado tendrá herramientas para prevenir, sancionar y proteger”.

Montoya aseguró que este esfuerzo legislativo forma parte de un compromiso permanente:

> “Nuestro trabajo no termina aquí. Queremos un Baja California Sur donde cada mujer viva sin miedo y con plena libertad. Ese es el estado que vamos a construir juntas”.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

La Paz, Baja California Sur.– La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, representante del Tercer Distrito por Morena, presentó este martes su Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión, destacando un trabajo cercano a la ciudadanía y un ejercicio público basado en la participación comunitaria, el diálogo directo y la atención continua a las necesidades sociales.

El informe se realizó en el Teatro al Aire Libre de la colonia Diana Laura, donde se congregaron autoridades de los tres niveles de gobierno, integrantes de la XVII Legislatura y habitantes de diversas colonias del distrito.

Durante su mensaje, Vázquez Jacinto afirmó que su compromiso con la población permanece firme y que continuará trabajando “de la mano de la gente” para impulsar el desarrollo del distrito y contribuir a un estado más justo, equitativo, seguro y próspero. Señaló que su labor se ha desarrollado bajo los principios de la Cuarta Transformación, actuando con responsabilidad, honestidad y cercanía.

La legisladora subrayó que recorrer colonias y comunidades ha permitido un mayor entendimiento de las necesidades sociales, lo que se ha traducido —dijo— en un ejercicio público basado en la convicción y el compromiso.

En materia legislativa, informó que durante su primer año presentó iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, pronunciamientos y dictámenes orientados a actualizar el marco jurídico estatal, con el propósito de fortalecer el bienestar social, el desarrollo económico, la infraestructura, la seguridad y la salud de las y los sudcalifornianos.

En el ámbito de gestión, resaltó la entrega de apoyos en diversas colonias del distrito, reiterando que el trabajo legislativo no debe limitarse al escritorio, sino reflejarse en las comunidades, escuelas y hogares.

Al concluir, señaló que aún existen desafíos por atender, pero aseguró que continuará impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de la población:
“Vamos por el camino correcto y seguiremos avanzando con responsabilidad y unidad por Baja California Sur”, expresó.

En representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el titular de Enlace Legislativo, José María Avilés Castro, destacó los temas abordados por la diputada, entre ellos seguridad, combate a la impunidad y corrupción, fortalecimiento de la hacienda pública y apoyo directo a la ciudadanía. También la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, reconoció la labor de la legisladora y felicitó a las y los diputados por legislar a favor del bienestar social.

El diputado Fernando Hoyos Aguilar presentó una iniciativa para reformar los artículos 78, 146 y 254 del Código Penal del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones relacionadas con accidentes de tránsito que provoquen muertes o lesiones graves. 

El legislador señaló que la propuesta busca generar mayor conciencia sobre la forma en que se conduce y el impacto social, familiar e individual que ocasionan estos hechos, especialmente cuando son resultado de conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, a exceso de velocidad o manipulando el celular.  

Hoyos Aguilar advirtió que la indignación social crece cuando los responsables recuperan su libertad en pocos días, lo que genera desconfianza y sensación de impunidad. 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, en el año 2023, los accidentes pasaron de ser la sexta a la cuarta causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos.  

Son la primera causa de muerte en niñas y niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 24 años y la segunda en personas entre los 25 у 44 años; el 42.9% de esas defunciones fueron causadas por accidentes de transporte. En el año 2023 fallecieron 16,772 personas por siniestros viales, 45 por día, lo que representa una tasa de 12.8 muertes por cada 100 mil habitantes y un incremento del 5% en comparación con 2022, cuando se registraron 15,986 defunciones.  

“Los sudcalifornianos tenemos derecho a una movilidad segura. ¡Solo vida, no más muertes por accidentes!”, expresó desde tribuna.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis.