Por Juan Carlos Méndez Ramírez

Centenario Constitucional

El primero de diciembre de 1916, teniendo como recinto oficial al Teatro de la Republica, fue instalado el Honorable Congreso Constituyente, integrado por 219 diputados, entre los cuales solo 61 eran abogados de profesión. El hecho político trascendental para nuestro país, es el pacto normativo-político-social-económico que se plasmó en la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se promulgó un 5 de febrero de 1917.

Ese documento jurídico constitucional de 1917, es la suma de los “Sentimientos de la Nación” de 1813; y de las constituciones de 1824 y 1857, pero además asume, los derechos sociales exigidos durante la Revolución de 1910. Tiene -hay que decirlo- también, gran influencia de la Constitución de los Estados Unidos de América, sobre todo en lo relativo al federalismo. Es pues, nuestra Constitución, una de las más longevas del Continente Americano; y que, para nuestra nación, continúa siendo jurídica y políticamente funcional.

Este próximo domingo 5 de febrero de 2017, celebraremos un centenario constitucional, una efeméride que debemos conmemorar con gran significado nacional, por esa noble función de integración social y representación simbólica de la comunidad mexicana, que ha desempeñado nuestra Carta Magna de 1917. Decir Constitucional, es hablar de las instituciones de gobierno y de protección de derechos individuales y sociales de las personas, es referirse a la permanente actualización de nuestros consensos internos para mantenernos en paz social y unidad nacional cuando se requiera -como ahora ante las actitudes hostiles de Donald Trump-.

El Congreso de la Unión, ha decretado que este año de 2017 sea el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La gran celebración oficial y solemne, será en el Teatro de la Republica, ubicado en calle Juárez 22 Norte esquina con Ángela Peralta, Centro Histórico, en la ciudad de Santiago de Querétaro. En este mismo recinto republicano, se entona por primera vez nuestro himno nacional un 15 de septiembre de 1854, se reúne el Consejo de Guerra que sentenció al Archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo en 1867; y ahí se promulga un 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Teatro de la Republica, recién fue adquirido por la Cámara de Senadores en 100 millones de pesos, ahora será patrimonio histórico nacional, una decisión atinada y justa.

Entonces el próximo domingo 5 de febrero de 2017, los poderes de la unión, los gobernadores, las fuerzas armadas y el pueblo mexicano, honraran al máximo ordenamiento jurídico con patriotismo constitucional -en una hora de grandes desafíos internos y externos para nuestra nación-, para defender su vigencia ante propios y extraños; y sobre todo, para darle actualidad como tema central entre la opinión pública mexicana, para cohesionarnos como comunidad bajo una sólida cultura de la constitución.

Solo 27 artículos de sus 136 permanecen sin modificación alguna, por tal motivo, hay buenas coincidencias entre los constitucionalistas más notables del país, para un proceso de revisión sistemático del texto constitucional y lograr una reordenación, clarificación y simplificación de todo su articulado, para una mejor comprensión, real aplicación y así recuperar la entera confianza de los mexicanos en su Constitución Política.

Parlamentos

En gira de trabajo por el municipio de Mulegé, el gobernador Carlos Mendoza Davis entregó apoyo a 180 empresas afectadas por el huracán “Newtón” de septiembre pasado y que pretende fortalcer la actividad económica de la región norte del Estado.

Acompañado de la alcaldesa Cecilia López González, el ejecutivo estatal destacó que estos apoyos llevan una inversión superior a los 2 millones de pesos, misma que fue parte de una gestión que se realizó a través de la subsecretaría de Planeación perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que lleva como finalidad apuntalar a las empresas que aportan al desarrollo económico de la entidad y generan empleos para las y los sudcalifornianos.

El programa Vivir en Paz, es una línea de acción principal del gobierno del Estado en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, por lo que estará llevando de manera permanente a las familias, servicios y actividades que permitan fortalecer la sana convivencia entre los miembros de la comunidad, expresó el Secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, en reunión de trabajo con las instituciones que dan vida a este programa.

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Ciudad Mural es un proyecto nacional que se ha desarrollado en diferentes ciudades de México, tales como Puebla, Querétaro, Cholula y Monterrey. Su objetivo es la creación colectiva de murales que cuentan las historias de la identidad local, a través de un proceso participativo con la comunidad colectando experiencias y conocimiento.

Urbanería y el Colectivo Tomate colaboran para llevar a cabo el proyecto Ciudad Mural en La Paz, en donde se realizarán un total de 48 murales en el centro histórico de La Paz, específicamente alrededor de lo que era La Perla de La Paz y en algunas calles aledañas a esta zona.

Los artistas (un máximo de 25 incluyendo locales, nacionales y extranjeros) serán seleccionados mediante una convocatoria, que se encuentra abierta hasta el próximo 28 de enero, de acuerdo a su calidad gráfica y su sentido de trabajo comunitario.

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“Reconocemos la capacidad de diálogo del Poder Judicial y del Congreso del Estado para poder llegar a acuerdos en el tema del haber de retiro que deberán de recibir los magistrados al momento de su retiro de funciones; es sin duda una respuesta sensible y acorde con el sentir ciudadano” señaló José Rigoberto Mares Aguilar, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur.

El líder estatal celebró que los dos poderes hayan alcanzado un acuerdo para modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, en el que se aborda lo relacionado con el Haber de Retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en el que ahora se propone reducir a solo dos años este beneficio y ya no en forma vitalicia, pudiendo recibir este beneficio una vez cumplidos los 6 o 12 años de servicio desempeñado.

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