La administración de Víctor Castro al frente del Gobierno del Estado se desmorona bajo el peso de sus propias incompetencias. No es una simple lluvia, es un diluvio de problemas que azota a Baja California Sur, y ahora, con la presencia amenazante del crimen organizado. Profesores, burócratas, trabajadores de la salud, campesinos, todos alzan la voz en un coro de descontento, hartos de un gobierno que los ignora y los abandona.
Pero las protestas son solo la punta del iceberg. Los manejos turbios de los recursos públicos, con un agujero negro de 3,200 millones de pesos, claman por una auditoría exhaustiva. El desfalco al INVI, un golpe a la esperanza de vivienda digna, es una herida abierta en la confianza ciudadana.
Y mientras la economía se tambalea, la inseguridad se dispara, acentuada por el asentamiento de grupos armados del crimen organizado. Los atentados a la libertad de expresión, las personas desaparecidas, pintan un panorama sombrío donde la impunidad campa a sus anchas. Los conflictos de intereses con empresarios, la sombra de la corrupción, oscurecen la transparencia que tanto se prometió. Pequeños empresarios locales y pescadores ribereños viven bajo la extorsión del cobro de piso, un flagelo que el gobierno parece incapaz de controlar.
El campo, otrora motor de la región, se seca bajo el sol de la sequía y la indiferencia. La falta de apoyo a los productores, la nula gestión para mitigar los efectos del cambio climático, son una sentencia de muerte para la agricultura local.
La joya de la corona, la carretera transpeninsular, se desmorona ante la inacción. La falta de gestión para su reparación, un símbolo de la desidia gubernamental, aísla a comunidades enteras y obstaculiza el desarrollo.
Víctor Castro, el gobernador que prometió un cambio, se ha convertido en el capitán de un barco a la deriva, con la amenaza del crimen organizado acechando en el horizonte. Su gestión, marcada por la ineficacia, la opacidad y la falta de acción ante la creciente inseguridad, exige una rendición de cuentas inmediata. Baja California Sur no merece este abandono.
