Aprueba Congreso Del Estado Reforma Para Fortalecer Protección Jurídica De Trabajadores De La Educación

Por Erick León

• La reforma responde al incremento de agresiones físicas, verbales y psicológicas que enfrenta el magisterio

La Paz, Baja California Sur.– El Pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal estatal para fortalecer la protección jurídica de las y los trabajadores de la educación.

La iniciativa fue promovida por la diputada Lourdes Cornejo Rendón y el diputado Martín Escogido Flores, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza.

La reforma aprobada incorpora el artículo 136 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, estableciendo un incremento en las penas cuando el delito de lesiones sea cometido en contra de personas trabajadoras de la educación durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Asimismo, se adiciona un segundo párrafo al artículo 326 del mismo ordenamiento jurídico, con el objetivo de agravar las sanciones en casos de falsedad ante autoridad específica cuando esta tenga como finalidad afectar, desprestigiar o perjudicar la estabilidad laboral, reputación o situación jurídica de docentes y personal educativo.

Durante la presentación del dictamen, la diputada Lourdes Cornejo señaló que dignificar y proteger la labor docente representa una acción fundamental para fortalecer la educación, garantizar instituciones confiables y contribuir al desarrollo de la sociedad sudcaliforniana.

Por su parte, el diputado Martín Escogido expresó que las y los docentes requieren garantías para desempeñar su labor, especialmente ante el incremento de agresiones físicas y verbales registradas en los últimos años contra quienes ejercen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.

En el dictamen aprobado, las y los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia señalaron que esta reforma responde al aumento de agresiones físicas, verbales y psicológicas que enfrenta el magisterio, así como a situaciones de hostigamiento, amenazas y acusaciones infundadas que vulneran la integridad y el desempeño profesional del sector educativo.

Las y los legisladores coincidieron en que fortalecer el marco jurídico para proteger al personal docente representa una medida necesaria para garantizar condiciones de respeto, seguridad y estabilidad en el ejercicio de la función educativa en Baja California Sur.