Por Erick León
La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado aprobó la expedición de la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Baja California Sur, un ordenamiento jurídico que sustituye la legislación vigente desde 1991 y actualiza el marco legal para atender los desafíos ambientales que enfrenta la entidad.
El dictamen, avalado por la XVII Legislatura con 15 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, incorpora instrumentos y mecanismos orientados a fortalecer la protección del patrimonio natural, la participación ciudadana, la conservación de la biodiversidad y las acciones para enfrentar el cambio climático.
La nueva legislación armoniza el marco jurídico estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con disposiciones nacionales relacionadas con cambio climático, economía circular, gestión integral de residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible, reforzando el derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente sano.
Entre los principales avances destaca la incorporación de los principios de prevención, precaución, no regresión, progresividad e In Dubio Pro Natura, con el objetivo de privilegiar la protección ambiental cuando exista incertidumbre científica sobre posibles impactos a los ecosistemas.
Asimismo, la ley fortalece los instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio y establece criterios más rigurosos para la evaluación del impacto ambiental, al considerar los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales que pueden generar los proyectos de desarrollo.
El nuevo ordenamiento también amplía las facultades de las autoridades ambientales para prevenir, inspeccionar, sancionar y promover la restauración de los daños ocasionados al medio ambiente.
De igual forma, incorpora de manera transversal acciones para hacer frente al cambio climático, impulsa modelos de economía circular, fomenta la reducción y el aprovechamiento de residuos, fortalece la conservación de la biodiversidad, los humedales, las dunas costeras, los ecosistemas marinos y los recursos hídricos, además de promover una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para una gestión ambiental más eficiente.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma consiste en ampliar los mecanismos de participación ciudadana mediante consultas públicas, acceso a la información ambiental, denuncia popular y acceso a la justicia ambiental. Además, establece medidas de protección para personas defensoras del medio ambiente e impulsa la integración paritaria en los órganos de consulta y toma de decisiones.
Con la aprobación de esta nueva legislación, el Congreso del Estado busca dotar a Baja California Sur de un marco jurídico moderno que fortalezca la gobernanza ambiental y siente las bases para un modelo de desarrollo sustentable que permita equilibrar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
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