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Diputada Alondra Torres propone impedir sustitución de penas a responsables de delitos sexuales contra menores



Por Erick León | Noticias La Paz

La Paz, Baja California Sur, 21 de julio de 2026. La diputada Alondra Torres García presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Baja California Sur promueva ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el propósito de impedir que personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la sustitución de la pena privativa de la libertad.

La legisladora explicó que la propuesta plantea reformar y adicionar el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de establecer restricciones específicas para este tipo de delitos, al considerar que afectan gravemente a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Torres García señaló que, si bien la legislación vigente busca regular el cumplimiento de las penas, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y favorecer su reinserción social, es necesario establecer límites cuando se trate de conductas que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa propone que la sustitución de la pena de prisión no proceda en casos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos de carácter sexual cuando las víctimas sean menores de edad.

Durante la presentación del planteamiento, la diputada afirmó que la reforma busca fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia, garantizando que las sanciones impuestas por este tipo de delitos se cumplan conforme a la gravedad de las conductas y privilegiando el interés superior de la niñez.

Asimismo, señaló que la modificación pretende reforzar la confianza de la sociedad en el sistema de justicia, al impedir que quienes sean responsables de estos delitos puedan acceder a beneficios de sustitución de la pena.

El punto de acuerdo será discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones y contempla remitir la propuesta a los congresos de las entidades federativas y al Congreso de la Ciudad de México para su conocimiento y, en su caso, adhesión, con el propósito de impulsar esta reforma al marco jurídico nacional.

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