Mulegé, Baja California Sur – 30 de agosto de 2025
La mañana en Bahía Tortugas transcurría con la quietud habitual de una comunidad apartada del bullicio urbano. Eran alrededor de las 9:00 horas cuando un ciudadano, con voz nerviosa, logró comunicarse a los números de emergencia para reportar lo que escuchaba a la distancia: “Fueron muchas detonaciones, más de ochenta, en las oficinas del Ministerio Público”, advirtió.
En regiones como ésta, donde la comunicación depende de señales inestables y la inmediatez no es comparable a la de las grandes ciudades, la alerta tardó en replicarse. Aun así, fue suficiente para encender el Código Rojo. Uno a uno, los nombres de las corporaciones comenzaron a responder: Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), la 3ª Zona Militar y el 49 Batallón de Infantería. También se notificó a Seguridad Pública en Vizcaíno y Santa Rosalía. La movilización era inevitable.
La Unidad de Investigación del Ministerio Público fue rafagueada con violencia desmedida. En el lugar, los casquillos quedaron sembrados como huellas metálicas de un ataque frontal contra la autoridad. El saldo fue mortal: Nabor Sánchez Camacho, comandante de la AEIC, cayó en el cumplimiento de su deber.
Su nombre no tardó en correrse entre colegas y conocidos de la región. Era un hombre de trayectoria, forjado en la disciplina de la investigación criminal, que había dedicado su vida al servicio de la seguridad pública.
Horas más tarde, la Mesa de Seguridad emitió un comunicado condenando los hechos. “Estos actos de violencia no quedarán impunes”, aseguraron. Expresaron condolencias a la familia del comandante Sánchez Camacho y anunciaron el despliegue de operativos inmediatos para localizar a los responsables.
En un frente común, las instituciones —Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR, PGJE, SSPE y policías municipales— reiteraron su compromiso de trabajar coordinadamente para salvaguardar la tranquilidad de los sudcalifornianos.
Bahía Tortugas, aislada geográficamente y con dificultades en la comunicación, tardó en dimensionar lo ocurrido. El eco de los disparos y la noticia de la caída del comandante corrieron de boca en boca entre los vecinos. No fue sólo un ataque contra un edificio público: fue un golpe directo a la sensación de seguridad en una población acostumbrada a la calma del mar y el trabajo pesquero.
En los pasillos de la justicia estatal, en las oficinas militares y en la memoria de la comunidad, quedará marcado este 30 de agosto: la fecha en que más de 80 disparos rompieron la rutina y apagaron la vida de un agente que representaba la ley en una de las regiones más apartadas de Baja California Sur.
