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Congreso de BCS plantea reducir regidurías y limitar gasto legislativo con nueva reforma constitucional

Por Erick León

La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur impulsa una reforma constitucional orientada a fortalecer la austeridad gubernamental, la paridad de género y la eficiencia administrativa en los poderes públicos y ayuntamientos de la entidad.

La propuesta fue presentada por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, y busca armonizar la Constitución local con las recientes reformas aprobadas a nivel federal, incorporando nuevos lineamientos relacionados con igualdad sustantiva, disciplina financiera y reorganización institucional.

Durante la sesión legislativa, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de dicha comisión, expuso que la actualización del marco constitucional pretende adecuar el funcionamiento de las instituciones estatales a las nuevas disposiciones nacionales, bajo principios de transparencia y racionalidad del gasto público.

Uno de los cambios más relevantes contempla la reducción del número de regidurías en los cinco ayuntamientos de Baja California Sur. Actualmente existen 48 espacios y, de aprobarse la iniciativa, la cifra disminuiría a 35, lo que representaría una reducción cercana al 27 por ciento.

De acuerdo con los promoventes, esta medida permitiría optimizar el funcionamiento de los gobiernos municipales y disminuir el gasto operativo, con el objetivo de redirigir recursos a obras de infraestructura y programas de impacto social.

La reforma también establece que el Congreso del Estado no podrá ejercer un presupuesto superior al 0.70 por ciento del total del Presupuesto de Egresos estatal, fijando límites al gasto legislativo y reforzando los mecanismos de control financiero.

Además, se propone integrar de manera obligatoria los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la conformación y operación tanto del Poder Legislativo como de los ayuntamientos sudcalifornianos.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa endurece las restricciones sobre beneficios y prestaciones de servidores públicos, prohibiendo seguros privados y privilegios que no estén expresamente contemplados en la ley.

La iniciativa fue presentada el pasado 19 de mayo y cuenta con el respaldo de los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.

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