Entre La Ley Y La Emoción: El Malecón No Es Tierra De Nadie

Por Erick León

En estos tiempos donde la indignación viaja más rápido que los hechos, basta un video de unos cuantos segundos para que los tribunales de las redes sociales dicten sentencia. Y así ocurrió recientemente en el malecón de La Paz: un vendedor ambulante detenido por oficiales municipales desató una ola de críticas donde, sin mayor análisis, la autoridad fue declarada culpable.

Ese es el primer lado de la moneda. El que todos ya vimos.

Pero hay otro.

Uno que no suele ser popular, pero que merece ser dicho.

Porque más allá de la percepción, existe una realidad que muchos prefieren ignorar: la gran mayoría de los vendedores ambulantes saben perfectamente dónde pueden vender y dónde no. Lo saben quienes recorren las calles con hielitos, quienes cargan sus termos de aguas frescas, quienes ofrecen cocos, frituras o hot dogs en el centro de la ciudad. No es un secreto. No es una emboscada. Es un reglamento.

Y mientras ese reglamento exista, la autoridad tiene la obligación —no la opción— de hacerlo cumplir.

Entonces surge una pregunta simple, pero incómoda:
¿por qué a uno sí se le debería permitir vender en una zona donde está prohibido?

Porque si la respuesta es “sí”, entonces también lo es para todos. Y ahí volvemos a un escenario que la propia ciudadanía ha criticado durante años: un malecón saturado, invadido, donde transitar se vuelve complicado, donde el espacio público pierde su esencia y donde, en no pocos casos, la basura y el desorden terminan afectando la imagen urbana.

Y aquí entra un factor que tampoco se puede ignorar: el turismo.

El malecón de La Paz no es cualquier espacio. Es la carta de presentación de la ciudad ante el mundo. Es un punto de encuentro internacional que sostiene buena parte de la actividad económica de Baja California Sur. Cuidarlo no es un capricho, es una necesidad.

Porque también hay otra realidad: existen personas que sí cumplen. Que pagan permisos, que enfrentan trámites largos, que invierten tiempo y dinero para operar dentro de la legalidad.

Entonces, la pregunta de fondo es inevitable:
¿quién tiene más derecho?
¿quien respeta las reglas o quien decide ignorarlas?

No se trata de criminalizar la necesidad ni de ignorar la lucha diaria de quienes buscan ganarse la vida. Se trata de entender que una sociedad no puede funcionar si cada quien decide qué normas seguir y cuáles no.

Porque cuando eso ocurre, lo que sigue no es libertad… es desorden.

Y tal vez ha llegado el momento de dejar de reaccionar con el impulso fácil de la victimización, para comenzar a reflexionar con un poco más de responsabilidad.

Trabajar en nuestra tierra es un derecho.
Pero hacerlo dentro de la ley… es una obligación.