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Proponen tipificar la corrupción inmobiliaria en Baja California Sur



Por Erick León

Con el objetivo de frenar prácticas ilegales relacionadas con el desarrollo urbano y la comercialización de inmuebles, el diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para tipificar el delito de “corrupción inmobiliaria” en Baja California Sur.

La propuesta plantea adicionar un artículo 291 Bis al Código Penal del Estado, así como incorporar esta conducta como falta administrativa grave dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.

Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que la iniciativa busca sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales relacionadas con construcciones, uso de suelo, comercialización de inmuebles o edificaciones realizadas fuera del marco legal.

Pérez Sánchez señaló que la propuesta surge ante el incremento de prácticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, entre ellas ventas fraudulentas, construcciones irregulares, despojos y actos de corrupción relacionados con autorizaciones, permisos y cambios irregulares de uso de suelo.

Indicó que estas acciones afectan directamente el derecho de las familias sudcalifornianas a acceder a una vivienda digna y generan afectaciones al ordenamiento territorial en distintas zonas de la entidad.

La iniciativa contempla sanciones de diez a veinte años de prisión, además de multas económicas para quienes incurran en este tipo de conductas. También prevé agravantes cuando existan beneficios económicos directos o indirectos para funcionarios públicos, familiares, socios o terceros vinculados con los actos ilícitos.

Asimismo, se plantea la cancelación definitiva de licencias y registros para agentes inmobiliarios involucrados en este tipo de prácticas.

De igual manera, la reforma propone adicionar un artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el propósito de considerar la corrupción inmobiliaria como una falta administrativa grave.

Finalmente, el legislador destacó que el crecimiento poblacional y la creciente demanda de vivienda en la entidad hacen necesario fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio familiar, principalmente de mujeres jefas de familia y adultos mayores, además de combatir prácticas que generan desigualdad y desplazamiento social.

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